EL FMI QUIERE SUBIR CINCO AÑOS LA EDAD JUBILATORIA
Por Arnaldo MARTINEZ Arnaldo MARTINEZ abogado (UBA, 1997) y Procurador (CSJN año 1995) y MBA (Máster en Administración y Dirección de Empresas, Univ. Isabel I de Burgos, España). Fue asesor legal, procurador y apoderado legal del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1997-2015). Tiene un MBA Máster en Dirección y Administración de Empresas(Univ. Isabel I de Castilla, Burgos, España 2017-2018) y un Máster en Dirección Comercial y Marketing (Diploma Cum Laude) y otro Máster en Marketing Digital y E-Commerce (Diploma Cum Laude)(ambos certificados por la Universidad Isabel I de Castilla – 2018, Burgos, España). Es Especialista en Asesoramiento Empresario(UMSA 2011-2013). Tiene una Certificación de la Universidad de Harvard (USA) en “Justice” (“Justicia”, año 2018), una Diplomatura en Derecho Privado (UAI 2015), y tiene un Diploma de la Universidad de Oxford (UK) en Comprensión del Desarrollo Económico y un Diploma de la Universidad de Yale (USA) sobre Fundamentos Morales de la Política. También tiene una Certificación de la Universidad de Navarra (España) en “Derecho Anglosajón” (“Common Law”) “Life of the Law“ (2017), una Certificación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en “Negociación y Resolución de Conflictos” (2017), y una certificación en “Historia de la Etica” de la Universidad Carlos III de Madrid (2018).
Los investigadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) David Amaglobeli, Era Dabla-Norris y Vitor Gaspar hicieron público en Tokio un informe técnico llamado “¿Cuánto debería ahorrar para su jubilación?” en el que analizan el problema del envejecimiento poblacional en el mundo y su impacto en los sistemas previsionales. Entre las principales recomendaciones que se desprenden del análisis se enumeran subir 5 años la edad jubilatoria, reducir los haberes jubilatorios iniciales para generar un ahorro en el sistema previsional, estimular el ahorro en 6 puntos porcentuales más y promover el trabajo registrado.
Utilizando datos de 80 países para evaluar el ahorro del sector público y del sector privado en los próximos 30 años y teniendo en cuenta el envejecimiento de la población y el diseño de los sistemas de pensiones, concluyeron que sin reformas jubilatorias “el envejecimiento de la población aumentará el gasto público en pensiones en algo más de 2 puntos del PBI para 2050“.
El estudio considera que los países deberían incrementar su tasa de ahorro en 6 puntos adicionales del ingreso. Para el caso argentino, esto representaría llevar el ahorro del 14 % del PBI al 20 % del PBI, lo que nos pondría en línea con la media regional y a la vez recomienda elevar en 5 años la edad promedio de las jubilaciones de acá a 2050 (prácticamente el doble de lo que se eleva la esperanza de vida) si se busca sostener un nivel de vida como el actual. Este tema no será tratado en los primeros diez meses de este año al ser un año electoral.
EN ARGENTINA y por Ley 24.241 de octubre de 1993 había aumentado la edad de jubilación para los hombres a 65 años de edad y a las mujeres a 60 años (art. 19).
Desde el año 2002, se dejaron de pagar todos los juicios reconocidos judicialmente por actualizaciones a cargo de la ANSES.
En 2006 se reglamentó la Ley 24.476 que permitió jubilarse a 3.700.000 personas sin haber realizado aportes.
En 2010, la presidente Cristina FERNANDEZ DE KIRCHNER vetó el 82 % móvil.
En 2015, con la gestión anterior, se volvió a postergar el pago de todos los juicios.
En mayo de 2016 se creó el programa de Reparación Histórica para implementar acuerdos que permitan reajustar los haberes y cancelar las deudas previsionales.
Por Ley 27.426 (Dec. 110/2018) se sancionó la “Reforma Previsional” que impuso el RIPTE que dispone que: “La movilidad se basará en un setenta por ciento (70%) en las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y en un treinta por ciento (30%) por el coeficiente que surja de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE)…”
El 18.12.2018 en la causa “BLANCO, Lucio Orlando c/ ANSES S/ reajustes varios” la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró “de oficio” la inconstitucionalidad de las resoluciones de Anses y la Secretaría de Seguridad Social (56/2018 y 1/2018).
A estar de los dichos del Defensor de la 3ª Edad, Eugenio SEMINO, con esta actualización, y la inflación del 48,7% los jubilados han perdido en 2018 un mes de su salario. El indice utilizado para la reparación histórica es el RIPTE.
Las fórmulas, con algunas variantes y salvo la reparación histórica y la jubilación por moratoria (sin aportes), han sido las mismas: La Anses no paga los juicios sin penalidad alguna por parte de la Justicia, se busca elevar la edad jubilatoria y la variable siempre es el haber jubilatorio. Asimismo, el propio Estado se apropió y se apropiará -para cumplir sus fines- de los fondos de la Anses sin devolverlos JAMAS a la seguridad social.
Argentina dice basar el presupuesto de la seguridad social en el aporte de sus trabajadores activos. Sin embargo, a partir de la megadevaluación de mayo de 2018, ha comenzado a aumentar el desempleo y ha comenzado un proceso recesivo de la economía.
FINLANDIA asigna y destina el obtenido de su renta petrolera al pago de la seguridad social y educación con resultados óptimos a la fecha.
Entre otros aspectos y como renta básica universal Sikkim, uno de los estados más pequeños de India, ha anunciado que introducirá una renta básica universal para sus 610.577 habitantes. Si tiene éxito, esta medida representará la mayor prueba en el mundo para implantar un concepto destinado a aliviar la pobreza. Esa región ya fue una de las primeras en prohibir los sacos plásticos en 1998 y la primera en dejar de utilizar pesticidas y fertilizantes. Con un nivel de alfabetización del 98 %, Sikkim ha reducido al 8 % la proporción de habitantes que viven bajo el umbral de pobreza en comparación con el casi 30 % de India. Ese plan se apoyará en los ingresos del turismo —la mayor fuente de ganancias del lugar, con más de 2,5 millones de visitantes anuales— y la generación eléctrica: Sikkim vende el 90 % de su electricidad.
Un proyecto piloto de la renta básica universal empezó en abril de 2017 en Ontario (Canadá), con participación de 4.000 personas, en el marco del cual recibían hasta 16.989 dólares canadienses al año. Sin embargo, terminó al cabo de un año con el cambio del Gobierno local: las nuevas autoridades estimaron que el programa era costoso y desalentaba a los participantes a buscar trabajo. En Finlandia también, un programa parecido ―con 560 euros mensuales― fue probado durante dos años y se completó el pasado mes de diciembre. Por el momento, las autoridades no planean continuarlo. En 2016, en un referéndum en Suiza la mayoría de los ciudadanos rechazó la idea de implementar una renta básica universal de 2.300 euros al mes.