GLOVO con una valoración aproximada a unos 200 millones de euros en España es una de las empresas en boga y con mayor auge en estos días pero que, a su vez, tiene un contrapeso en ese mismo país. La situación de los “riders” (motoqueros/ciclistas) como se les llama allá comienza a generarle dolores de cabeza a los empresarios.
Así, los motoqueros (riders) de Zaragoza bloquearon la aplicación durante la jornada de trabajo un domingo con el objetivo de protestar por las condiciones laborales que ejerce la tecnológica sobre sus repartidores. La realidad es que la condición de autónomos, forma laboral bajo la que trabajan los repartidores de la plataforma, impediría la huelga en ese país. Igualmente, su intención es frenar la situación que -según sus vivencias- les obliga a permanecer bajo la fórmula de falso autónomo. Los casi 70 repartidores de Zaragoza consideran que los horarios, señales de identidad corporativa y un descenso en sus retribuciones a lo largo de los meses son motivos suficientes como para dar un toque de atención a la compañía. Una inspección realizada por la Autoridad de contralor del Trabajo en España comenzó a analizar de lleno la actividad de Glovo. La UGT (similar a nuestra CGT, pero española) presentó también quejas contra GLOVO que hoy sigue siendo una de las tecnológicas más apreciadas del panorama emprendedor.
El Juzgado de lo Social nº 6 de Valencia (España) ha condenado ya a otra empresa como Glovo (Deliveroo) al considerar que el trabajo de los ciclistas (riders) en la multinacional fue como “falso autónomo“, por lo que su Seguridad Social debería haber corrido a cargo de la empresa. La sentencia se basa en las conclusiones de la Inspección de Trabajo de Valencia, que considera que los riders deberían ser considerados trabajadores por cuenta ajena porque la empresa “controla todo el proceso productivo, desde las horas que debe trabajar el empleado hasta los trabajos que debe realizar“, ha explicado Llerena. “Deliveroo tiene en todo momento geolocalizado al trabajador y es la que manda: decide qué repartos realizar, su asignación, los precios del servicio y establece las condiciones de los restaurantes adheridos y de los clientes que piden comida a domicilio. El trabajador, aún cuando aportaba para el trabajo su bicicleta y su teléfono móvil, carecía de organización empresarial, siendo la empresa, la titular de la plataforma virtual (…) en la que, a través de una aplicación informática -APP-, se organizaba la actividad empresarial“, establece la sentencia.
Asimismo, a fines de julio se registraron huelgas de taxistas por varios días en Madrid y Barcelona exigiendo que el Gobierno del presidente Pedro Sánchez reglamente el uso de de UBER y CABIFY, porque -según ellos- se “afecta” su trabajo.
Los taxistas esperan que el Gobierno respete la ley 1-30, que indicaría que, por cada 30 taxis tradicionales, se le otorgue una licencia especial a Uber o Cabify.
En Barcelona, donde se inició el paro de actividades , al menos 1.500 taxistas aparcaron en el Paseo de Gracia, una de las principales avenidas de la ciudad. “La llave la tiene el Ministerio de Fomento, el problema no son los taxis, el problema está en el Ministerio de Fomento. Hace cinco años que estamos con este tema y no dan respuesta al sector”, dicen los taxistas.
El 14 de agosto pasado, nuestra Corte Suprema de Justicia argentina había desestimado (por una cuestión formal) una apelación del Sindicato de Peones de Taxis contra un fallo que, hacía dos años había determinado que conducir para Uber no es ilícito.